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¿Por qué EE. UU. sancionó a tantos funcionarios venezolanos en el último mes?

Miami, Estados Unidos, Venezuela, Caracas
Venezuela continúa con esperanza por nuevas medallas en Lima 2019

Si Julio estuvo plagado de sanciones a funcionarios venezolanos cercanos a Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, agosto parece que va a estar igual o peor. Todo con tal de llevar al límite a un gobierno venezolano que se resiste a ceder ante la presión de buena parte de la comunidad internacional. Solo el mes pasado hubo cerca de 30 perjudicados, entre ellos los hijastrso de Maduro, hombres de su entera confianza y miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Ahora, solo dos días de haber empezado agosto, Estados Unidos anunció nuevas medidas. Esta vez contra Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las fuerzas especiales de policía de Venezuela (FAES), e Ivan Rafael Hernández Dala, comandante de contrainteligencia militar (DGCIM), por su participación en presuntas violaciones graves de los derechos humanos. 

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“Las organizaciones de seguridad e inteligencia dirigidas por Bastardo y Hernández han sido implicadas por sus violaciones y abusos de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”, afirmaron las autoridades estadounidenses, que basaron su investigación principalmente en el informe del 5 de julio de 2019 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, el gobierno de Trump extendió la sanción a las esposas de los funcionarios venezolanos y a sus hijos. 

Bastardo y Hernández ya habían sido sancionados en febrero por el Tesoro estadounidense, que bloqueó todos sus eventuales bienes en Estados Unidos y les prohibió hacer negocios con personas o empresas estadounidenses. Mendoza fungía en febrero como comandante de la guardia presidencial de Maduro. Entonces, el Tesoro definió a las FAES como el “grupo de exterminio” de Maduro, “conocido por sus métodos cruentos e irrupciones con el rostro cubierto, y por llevar a cabo redadas nocturnas en toda Caracas”.

Este abrebocas del mes solamente es la consecución de un serie de medidas similares que se llavaron a cabo en julio. Este misma semana se reveló que el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de los fugitivos más buscados del mundo a uno de los hombres con mayor poder en Venezuela, uno de los confidentes más cercanos del presidente Nicolás Maduro. Se trata de Tareck el Aissami, exvicepresidente y actual ministro de Industria de Venezuela, a quien Washington acusa de ser un narcotraficante.

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El Aissami, que ha ocupado otros roles de alto mando en la administración del presidente Nicolás Maduro, fue designado en febrero de 2017 como traficante de narcóticos de conformidad con la Ley Kingpin por jugar “un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”, con destinos que incluyeron México y EE. UU.

El Aissami, exvicepresidente del gobierno de Maduro, ha estado durante mucho tiempo en la mira de las autoridades estadounidenses. Este año fue imputado en una corte federal en Nueva York por haber evadido las sanciones impuestas hace dos años, cuando fue incluido en la denominada Lista Clinton por el Departamento de Estado.

Por otro lado, el pasado 25 de julio las autoridades estadounidenses sancionaron a los tres hijastros de Maduro y al empresario colombiano Alex Saab, entre 10 personas y 13 empresas a las que acusaron de orquestar “una red de corrupción” en el programa CLAP de subsidios alimentarios del gobierno de Venezuela.

“Mientras los hijastros de Maduro y otros socios criminales usaron un programa de asignación de alimentos para robar cientos de millones de dólares, muchos venezolanos comen una o dos veces al día, con pocas proteínas y vitaminas”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Con estas medidas el Tesoro de EE. UU. bloqueó todos los bienes y activos que los afectados tengan directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíbe toda transacción legal que involucre a individuos y entidades estadounidenses. “Cerramos la puerta para que Maduro use el programa CLAP para enriquecerse y enriquecer a su familia. Eso se acabó”, dijo un alto funcionario estadounidense.

La muerte en custodia del capitán Rafael Acosta Arévalo, cuyos familiares aseguran que fue torturado, fue otro de los detonantes para que Trump ejerciera presión sobre Venezuela. En ese momento se anunció, sin dar un número preciso, que se sancionarían a miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. 

El mes pasado, por último cayeron involucrados en el crimen de Acosta Arévalo otros cuatro miembros de ese organismo. Se trata de Hannover Esteban Guerrero Mijares, una de las cabezas del organismo; el mayor Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especialesr, Rafael Blanco Marrero, y Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones.

 

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redacción internacional

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