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Refrigerio por sorteo

Se entendía entonces que la entrega del almuerzo, el refrigerio, era más que darles comida, era un instrumento para hacer pedagogía, fortalecer los procesos sociales y construir confianza. Quizás por eso, aunque nunca ha habido cobertura total en instituciones educativas donde se pensaría que todos los niños y jóvenes son susceptibles del beneficio, no se daban semejantes situaciones, como la de tener que sortear los cupos cada semana, en una lista que rota cada quince días para recibir el alimento

La imagen no puede ser más cruel: al colegio Maestro La Sierra, en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad, llegan apenas unos pocos refrigerios que no alcanzan para todos los alumnos. Entonces a los maestros les ha tocado idear una especie de sorteo y, según el número del niño o la niña en la lista de estudiantes, un día recibe comida y durante varios otros no.

Esa es apenas una muestra de lo que está pasando con la alimentación escolar en los colegios públicos de Medellín e ilustra las fallas que ha evidenciado la alcaldía en la administración de lo social.

Es cierto que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se financia con recursos del Gobierno Nacional y en la mayoría de los municipios las alcaldías no alcanzan a sumarle recursos. Pero en Medellín no es así: los gobiernos de turno han entendido la responsabilidad con la niñez y han aportado hasta un 70 % más de dinero para atender la mayor cantidad de niños y jóvenes. En la administración de Sergio Fajardo se alcanzó una meta de 285.000 niños y en la de Aníbal Gaviria la cifra se aumentó hasta 305.000 cupos al año.

Hoy, el beneficio lo reciben 220.000 niños en 446 instituciones educativas, según el dato que se conoce desde la Secretaría de Inclusión Social. Es decir, el gobierno Quintero les está dando alimentación a 65.000 niños menos de los que les daba el gobierno Fajardo y a 85.000 niños menos de los que alimentaba el gobierno Gaviria.

Hay quienes dirán que hay menos recursos. Pero eso no es así. La Secretaría de Inclusión Social asegura que cada mes entregan 4,5 millones de raciones, con un costo cercano a los $10.000 millones. En principio, estas cifras no distan mucho de lo que había en 2019, antes de la llegada de Daniel Quintero a la alcaldía.

De forma responsable, las anteriores administraciones se dieron a la tarea de identificar a los niños y entregarles los cupos a quienes realmente los necesitaban, siempre bajo un esquema que resultó exitoso: a través de diálogos participativos en el territorio, con la comunidad beneficiaria, las familias, los maestros y los mismos niños. Hoy esos espacios se dejaron morir.

Se entendía entonces que la entrega del almuerzo, el refrigerio, era más que darles comida, era un instrumento para hacer pedagogía, fortalecer los procesos sociales y construir confianza. Quizás por eso, aunque nunca ha habido cobertura total en instituciones educativas donde se pensaría que todos los niños y jóvenes son susceptibles del beneficio, no se daban semejantes situaciones, como la de tener que sortear los cupos cada semana, en una lista que rota cada quince días para recibir el alimento.

¿En dónde está el problema? Personas que trabajan en la alcaldía hablan de que no existe ningún tipo de planeación, también de que algunas entidades fueron entregadas como botín burocrático a concejales o políticos, por lo que la distribución del presupuesto no se hace siempre pensando en el bienestar de la comunidad.

El PAE en Medellín, que no se había parado más allá de un día del calendario escolar, en la actual alcaldía ha sufrido suspensiones parciales ante la falta de planeación. Los problemas contractuales han estado al orden del día en este programa, que si bien no tiene como fin combatir la desnutrición, sí resulta fundamental para que los niños no tengan hambre cuando estudian y, sobre todo, como estrategia para reducir la deserción escolar.

A finales de octubre de 2021, esta alcaldía sacó una licitación con unos lineamientos tan cerrados y precisos que parecían diseñados para un operador específico. Entonces tuvo que ser declarada desierta la licitación, que comprendía recursos por $250.000 millones para prestar el servicio en 2022 y 2023. Curiosamente, vino luego el proceso de contratación directa, “a dedo”, como suelen decir los entes de control, pero, además, con un cambio: antes existían cinco modalidades dentro del contrato y con ello se buscaba una pluralidad de oferentes. Ahora son solo dos.

Poner todos los huevos de la alimentación de los niños en una misma canasta no es bueno. Más allá de si los encargados del contrato cuentan o no con el músculo financiero para responder ante el elevado monto, el riesgo es que si tienen un problema en la prestación del servicio —cosa que no ha pasado—, dejarían “tirados” a mayor número de niños y jóvenes.

Los niños que reclamaban por estar de últimos en la lista para recibir su refrigerio en el sector de Villa Turbay poco saben de corrupción, de desgreño administrativo y de falta de planeación. Pero sí son los directos afectados por las decisiones que toma un gobierno, como el de Quintero, que desconoce los procesos que han sido exitosos, que tiene que apelar a vigencias futuras para garantizar lo mínimo —como las instalaciones de los colegios y sus restaurantes escolares— y que no ha sido capaz de volver a llevar el programa a donde estaba antes de asumir su mandato