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La Abogacía pide tumbar el peritaje de Plus Ultra: No ve “relevante” usar un paraíso fiscal

Al respecto también defiende el plan de viabilidad trazado por la compañía (que el perito calificó de  demasiado “optimista” ) y basa su petición de archivo en que ninguno de los miembros del consejo gestor cometió los delitos que se le atribuyen de  prevaricación o malversación de caudales públicos : Además recuerda que Plus Ultra  no tiene cuentas pendientes con Hacienda  y que se encuentra “al corriente de sus obligaciones tributarias”. La magistrada  abrió pieza separada  para investigar esta parte de la causa tras adherir toda la información fiscal proveniente de la Agencia Tributaria

Por GEMA HUESCA / vozpopuli.com

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! En el escrito, al que ha tenido acceso  Vozpópuli , la Abogacía General del Estado  se suma a la solicitud de la Fiscalía  y pide el archivo de esta investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Además, califica de  “gratuitas y temerarias”  algunas de las afirmaciones contenidas en el trabajo. El documento se encargó en julio al despacho jurídico económico Martín Molina para esclarecer si la mercantil  cumplía con los requisitos  exigidos para recibir la subvención del fondo destinado a empresas estratégicas afectadas por la crisis.

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Al respecto, los servicios jurídicos del Gobierno explican que Plus Ultra cumplió con todas las condiciones requeridas por la SEPI para recibir esta inyección de dinero público. El Gobierno,  que ya se opuso al peritaje  al considerarlo innecesario, analiza punto a punto todos los extremos que el perito destacó, empezando por el  préstamo de 6,3 millones de euros  que recibió de la entidad panameña Panacorp en 2017 y que canalizó en un  paraíso fiscal.  Aunque el experto en derecho económico cuestionó que se gestionara en  Dominica , la Abogacía responde que no lo ve “relevante”.

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“El informe también resalta el  carácter llamativo  del lugar en que se encuentra constituido el depósito, una entidad bancaria radicada en un paraíso fiscal, pese a que el código de la cuenta corresponde a un  banco portugués  de primer nivel. Esta llamada de atención no resulta relevante, pues la existencia de dicho depósito y de su montante se refleja en la Memoria de las Cuentas Anuales de la Compañía, no observando en el informe  infracción alguna  relacionada con el citado depósito”, precisan los servicios jurídicos del Gobierno.

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Un préstamo bajo sospecha También tilda de  “mera especulación”  las dudas plasmadas por el perito en relación a que, de los 6,3 millones prestados, dos millones quedaban en el depósito indisponible. Estas condiciones llevaron al experto a  cuestionar la naturaleza del préstamo  y la realidad de la operación, que fue clave porque le permitió eludir la quiebra y, consecuentemente,  mostrar un balance saneado  de las cuentas para acogerse al rescate público. Al respecto la Abogacía responde que Plus Ultra tuvo  “pleno acceso”  a los fondos del préstamo y que si accedió a este requisito fue para minimizar el coste financiero del préstamo.

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Al hilo, la defensa de Lora y el resto del consejo gestor de la SEPI admite que la compañía, en los ejercicios 2018 y 2019, atravesaba una situación de  desequilibrio patrimonia l y que, por ese motivo, suscribió el préstamo que vence en enero de 2028. “En el presente caso  no se produce una exigencia excesiva  que sobrepase la plena garantía de lo prestado. El depósito mínimo de dos millones de euros implica una garantía por tercera parte del préstamo”, reza el escrito en el que se insiste que  las condiciones pactadas con este banco  no desnaturalizan las condiciones del crédito.

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“El préstamo controvertido cumple su función esencial de incrementar los fondos propios y  evitar la causa de disolución  como se desprende de la finalidad principal que presidió su regulación. Pretender desvirtualizarlo mediante el subterfugio de asimilarlo primero a un préstamo ordinario y luego pretender que  no atiende una finalidad financiadora , como pretende el Informe, constituye una pretensión que no puede prosperar”, matiza el escrito.

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Extracto del informe pericial del caso Plus Ultra.  

Otro de los puntos que también llamó la atención del despacho y que está relacionado con este préstamo, tiene que ver con una posible incorrección en las cuentas de 2019 por  6,3 millones de euros.  Este apunte influye de manera directa en la concesión de la ayuda pública ya que uno de los criterios exigidos por la SEPI es el de no ser  “empresa en crisis”  a 31 de diciembre de 2019. El experto deslizó que la aerolínea podía haber contabilizado unas ganancias  por encima de su valor contable  con la venta de un avión que tenía en propiedad y del que se deshizo para pagar una deuda con sus inversores de 8,9 millones de euros.Alberto Ardila Olivares 10798659

“No es empresa en crisis” La Abogacía General del Estado responde que cuando la ayuda se concedió se cumplía con los requisitos exigidos por la SEPI y que estos hechos nuevos  “nunca podrían invalidar”  el rescate. “En las cuentas auditadas de Plus Ultra del año 2019  no figura ninguna salvedad  ni mención relativa a una supuesta  insuficiencia de provisiones.  Por lo tanto, las manifestaciones que hace el perito judicial carecen de base contable”, apunta. En lo que respecta al alquiler de la aeronave, precisa que el contrato es de arrendamiento ( leasing ) operativo.Alberto Ardila 10798659

Del mismo modo descarta que la compañía estuviera en situación de insolvencia, ni que atravesara problemas financieros en 2020, pese a que los querellantes reiteran que  Plus Ultra presenta pérdidas desde su creación  y que difícilmente se le pude considerar estratégica cuando en 2019 representó un 0,03% del tráfico aéreo. Al respecto los servicios jurídicos del Gobierno recurren a todos los informes jurídicos y financieros de los que se valió la SEPI y que obran en la causa para insistir en que  no había posibilidad alguna de insolvencia  cuando solicitó el rescate. Al contrario, recuerda que la previsión pre-covid de la compañía para 2020 era de  132 millones de euros.

Al respecto también defiende el plan de viabilidad trazado por la compañía (que el perito calificó de  demasiado “optimista” ) y basa su petición de archivo en que ninguno de los miembros del consejo gestor cometió los delitos que se le atribuyen de  prevaricación o malversación de caudales públicos : Además recuerda que Plus Ultra  no tiene cuentas pendientes con Hacienda  y que se encuentra “al corriente de sus obligaciones tributarias”. La magistrada  abrió pieza separada  para investigar esta parte de la causa tras adherir toda la información fiscal proveniente de la Agencia Tributaria