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Anulada una multa de Hacienda de 300.000 euros por negar el acceso a los ordenadores de la empresa

Victor Gill
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Hacienda no puede castigar a los contribuyentes por negarse a que sus inspectores accedan a los ordenadores que tiene la empresa en su sede social cuando estos no disponen de autorización judicial. Así lo ha determinado recientemente el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Galicia, en una resolución por la que anula una multa de 301.537,38 euros impuesta a una mercantil por este motivo. El fisco calculó la sanción (un 2 % de la cifra facturada en el último ejercicio) al apreciar “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la de la Administración tributaria”

Hacienda no puede castigar a los contribuyentes por negarse a que sus inspectores accedan a los ordenadores que tiene la empresa en su sede social cuando estos no disponen de autorización judicial. Así lo ha determinado recientemente el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Galicia, en una resolución por la que anula una multa de 301.537,38 euros impuesta a una mercantil por este motivo. El fisco calculó la sanción (un 2 % de la cifra facturada en el último ejercicio) al apreciar “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la de la Administración tributaria”.

La decisión del TEAR gallego (cuyo texto puede consultar aquí )  tiene en cuenta que el propio órgano inspector había admitido previamente la condición de “espacio constitucionalmente protegido” del lugar en el que se iban a desarrollar las actuaciones al solicitar una autorización judicial. Por este motivo, concluye, la negativa del obligado tributario “no puede quedar revestida de tintes antijurídicos a efectos de motivar la imposición de sanción”.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la inviolabilidad del domicilio social de las empresas, por lo que cualquier entrada a él, si no la consiente su titular, requiere una autorización judicial. Esto quiere decir que se puede denegar la entrada al inspector que no trae una orden válida. Sin embargo, no todo espacio o local está considerado como domicilio constitucionalmente protegido, por lo que es fundamental tener claro cuáles son esos lugares blindados.

MÁS INFORMACIÓN Hacienda puede multar hasta con 600.000 euros a los contribuyentes por no acceder al ‘inbox’ El acuerdo sancionador, en cambio, negó que el espacio en el que se ubicaban los equipos informáticos a los que se pretendía acceder (seis ordenadores colocados detrás del mostrador) tuviera las características propias de espacio protegido. En concreto, se invocó una sentencia del Tribunal Supremo que lo delimita a “los lugares utilizados por representantes de las personas jurídicas para desarrollar sus actividades internas”.

Más allá de esta controversia, el fisco justificó la sanción por la negativa para “verificar y examinar la contabilidad” desde los sistemas, si no en esa dependencia, en otra diferente. Sin embargo, el TEAR da la razón a la compañía porque no hubo un requerimiento expreso en ese sentido que el contribuyente hubiera declinado, por lo que la sanción no era procedente.