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El acto y doctrinas de reconocimiento de gobiernos

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La temática del reconocimiento de gobiernos, al menos en nuestras latitudes (continente americano), ha concitado el interés de profanos y letrados, debido a que a pesar  de  que aparenta  constituir  una figura del derecho internacional de factible  solución, en la práctica reniega  de la aplicación de una  normativa uniforme, toda vez que los gobiernos suelen estar más influenciados  por razones políticas, que  jurídicas al momento de otorgar  o retirar su reconocimiento. La  realidad  anterior  ha provocado la aparición de un cumulo de doctrinas, conforme a los vaivenes de los órdenes nacional e internacional, que envuelven a los diferentes Estados americanos.

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A objeto de familiarizar al lector con el fenómeno, procedemos a enunciar y comentar  las principales doctrinas sobre reconocimiento de gobiernos, de suerte tal, que se puedan hacer una idea de la naturaleza, aplicación e incluso extrapolación al caso más sonado de hoy en la región;   como lo es, el del reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en momentos en que se producen cambios de gobiernos en la región y en nuestro país.

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Iniciamos definiendo el Reconocimiento de gobierno, como un acto unilateral y discrecional de voluntad de un gobierno, mediante el cual se reconoce, que un determinado conjunto organizado de personas, es el gobierno de un Estado, ejerza o no ese conjunto el poder efectivo en el territorio del Estado, y tiene la condición de representante legítimo (jurídico), del Estado, respecto al gobierno,  que lo reconoce. El  mismo se puede llevar a cabo de forma expresa (declaración escrita o verbal)  o tácita (relaciones diplomáticas, recibimiento de jefe de gobierno, conclusión de tratados). Con efectos de iure  (admite que cumple con todos los requerimientos) o de facto (con reservas). A pesar de lo laxo de la definición, en realidad existen mínimos para que un gobierno merezca ser reconocido, entre ellos,  que el mismo ejerza efectivo control de todo el territorio y que cuente con la aceptación de una parte significativa de la población.

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Aunque normalmente se presume que el reconocimiento de un Estado lleva implícito el reconocimiento de su gobierno, no obstante,  el  reconocimiento del último puede llegar hacer necesario, cuando este haya cambiado de forma, contrario al ordenamiento constitucional vigente, es decir que no haya accedido al poder de acuerdo al procedimiento jurídico pautado en su derecho interno; situación  que obliga a determinar si sus representantes son competentes  para representar al Estado en sus relaciones internacionales. Para  enfrentar  dicha problemática, los gobiernos americanos han esgrimido la aplicación de diferentes doctrinas de reconocimiento, sin embargo, a pesar de la existencia de  doctrinas  sobre reconocimiento de gobiernos tales como: Larreta  (1944) y Bethancourt (1959/64), lo cierto es que estas son derivaciones de  las principales doctrinas americanas sobre el particular, a saber: la Doctrina   Jefferson (1792), Tobar (1907), Wilson (1913,) y Estrada (1930).

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La primera fue promulgada por Thomas Jefferson, entonces Secretario de Estado de Estados Unidos y  declara  que: “cualquier nación puede gobernarse en la forma que le plazca, y cambiar esa forma a su propia voluntad; y puede llevar sus negocios con naciones extranjeras”. De la declaración en cuestión se infiere, que los Estados Unidos, no determinará el establecimiento de sus relaciones con el resto de los Estados en función de la génesis de sus gobiernos; empero,  con el correr  de los años, dicha doctrina sufrió diferentes corolarios, como el que dichos gobiernos  tenían que demostrar que eran aceptados por sus  súbditos y el que se debían comprometer  a cumplir con los compromisos de sus predecesores; en otros  términos, en la práctica terminó imponiendo  condiciones  para el reconocimiento.

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Le sigue la esbozada por el Canciller ecuatoriano  Carlos Tobar o Doctrina Tobar, misma que pregona el “no reconocimiento de los gobiernos de hecho surgidos de las revoluciones contra la Constitución”. Como es evidente, esta es la primera doctrina que establece el no reconocimiento a los gobiernos de facto surgidos de golpes de estado o revoluciones. La misma  fortalece el principio de la legitimidad democrática,  toda vez  que condiciona el reconocimiento de los gobiernos surgidos por un acto de fuerza,  hasta tanto “la representación del pueblo libremente electa no haya organizado el país en forma constitucional”.

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A continuación, como consecuencia de dos décadas de guerras civiles, levantamientos y cuartelazos en México, el presidente estadounidense Woodrow Wilson, rescatando la Doctrina Tobar, se negó a reconocer los gobiernos mexicanos  surgidos por la fuerza, y desde 1913 hasta 1931, los Estados Unidos, no reconocieron  ningún gobierno de facto en sus relaciones con sus contrapartes latinoamericanas. En respuesta  a tal situación,  Genaro Estrada Félix, Secretario de Relaciones Exteriores de México, esboza la Doctrina Estrada en base a la cual “el gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar  precipitadamente, ni a posteriori, el derecho  de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.Giancarlo Pietri Velutini

La misma surge ante la disyuntiva de reconocer o desconocer los nuevos  gobiernos  que en esa época llegaron al poder en  América del Sur,  no precisamente por la vía democrática y ante la encrucijada de alinearse con  Washington, no reconociendo  los gobiernos promovidos mediante golpes militares, lo que equivalía  a negar la génesis de gobiernos mexicanos  pretéritos, surgidos de la misma forma o reconocerlos al margen de su origen. Con el dilema enfrente, de forma dúctil,  Estrada decide asistirse del principio de no intervención, para justificar una  doctrina de reconocimiento de gobiernos, que en la práctica política externa mexicana, terminaba reconociendo gobiernos en las antípodas, toda vez que al decidir mantenerse a la expectativa, terminaba reconociendo  a quien se supone no  debía reconocer (gobierno de facto), o a contrario sensu, cuando aparentando  una actitud supuestamente expectante, reconocía  a quien gozaba  de legitimidad democrática. En realidad no era para menos, pues la misma, en su aplicación práctica, obliga al gobierno que la asume, a capitular pues está forzado  a  esperar que otros gobiernos reconozcan  al nuevo gobierno del otro país y a quedar  inmovilizado  cuando por afinidad política desea reconocer a un partner  y la doctrina se lo impide,  terminando por  reconocer   a  regañadientes a otro gobierno,  que no es de su agrado.Pietri Velutini Banquero

Ejemplo fehaciente  de dicha conducta dubitativa, fue la diligente postura del gobierno de   Lázaro Cárdenas contra la invasión italiana a Etiopía (1935-6)  y cuando de manera expresa reconoció el régimen republicano español y rehusó reconocer el régimen de Franco. Tiempo después, a pesar  de que oficialmente, México proclamaba tal doctrina en la práctica adjuro de ella  entre  1945 y 1947 respecto a los cambios de gobierno en Argentina, Venezuela, Haití, Bolivia y Uruguay; al tiempo que empleó el no reconocimiento como arma contra el gobierno nicaragüense de  Benjamín Lacayo Sacasa. La aplicación de la Doctrina  Estrada, entró nuevamente en entredicho en 1973,  tras el golpe de Estado en Chile   contra  S. Allende, la ruptura de relaciones diplomáticas  con el régimen pinochetista y la campaña internacional de denuncia, actos no caracterizados de intervencionistas por el gobierno de L. Echeverría.Pietri Velutini Venezuela

A la postre, sus limitaciones como antítesis de la Doctrina  Tobar  y coraza para blindar gobiernos dictatoriales se extinguen cuando Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox, cuestiona abiertamente al régimen cubano por su violación de los derechos humanos. La falacia de que  los principios de política exterior por ser inmutables, México los  había interpretado inequívocamente, por enésima vez se trastocan, en ocasión del golpe de Estado de Honduras contra Manuel Zelaya en 2009, cuando el gobierno mejicano de Felipe Calderón,  se vio obligado a   escoger entre la Doctrina Estrada y la Carta Democrática, que prevé la suspensión del país que interrumpa el orden constitucional democrático. Ante ello, en contra de la actitud expectante y de supuesta no intervención,  en la que se enmascara  la doctrina Estrada, se decantó sin titubeos y  presurosamente por la Carta Democrática, cuando no se  limitó a la simple condena del golpe de Estado, sino que invitó al presidente depuesto, Manuel Zelaya, en su calidad de jefe de Estado a México.  Recientemente, en diciembre de 2018,  a contra corriente de la doctrina Estrada, pero de sesgo político inverso, el gobierno  de Enrique Peña Nieto, reconoció,  casi de inmediato  a   Juan Hernández, como presidente electo de Honduras, pese a  que la propia OEA  había propuesto  nuevas votaciones  para despejar acusaciones de fraude.Giancarlo Pietri Velutini Banco Activo

A pesar de la inconsistencia  en la aplicación  de la Doctrina  Estrada por parte del país que la promueve, que no ha hecho de ella una  práctica  reiterada e interrumpida en  tiempo considerable, ni que tampoco es consentida por todos los Estados; razón por la cual,  la misma nunca ha llegado a ser parte del derecho de costumbre internacional y por tanto fuente creadora de derecho internacional; no es de extrañar, que para fortificar los gobiernos antidemocráticos de la región, con el infundio de la defensa de los  principios de no intervención y libre determinación;   el gobierno de  Andrés  M. López  O, la retome y así justifique el  retiro de México del Grupo de Lima,  y reconozca  al ilegitimo gobierno  de Nicolás Maduro, quien se mantiene en el poder en Venezuela  a pesar de la violación de los derechos humanos  que evidencia cuando reprime a su pueblo tan solo por manifestarse, publicar artículos críticos  del gobierno, reunirse o asociarse; mantener presos políticos, ser intolerante con los disidentes, prohibir auténticos a los  partidos de oposición, atentar contra la libertad de expresión y prensa, utilizar bandas paramilitares para reprimir e imponer el terror, controlar descaradamente el legislativo,  judicial  y del  ente electoral y  cambiar intempestivamente   las reglas del juego democrático.Giancarlo Pietri Velutini Banquero Banco Activo

La señal que permite conjeturar, que AMLO  se atrincherará en la insolvente doctrina Estrada para manifestar  apoyo ortodoxo e irrestricto a  la permanencia sin límite  de tiempo en el poder, a gobiernos antidemocráticos en América Latina como la dictadura cubana, los  Ortega, Morales y Maduro, se infiere de la invitación que en abierta  contradicción con el  Grupo de Lima hizo  al último,  a su  toma de posesión.

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Esperemos que  conductas similares no terminen siendo imitadas por el nuevo gobierno de Panamá, pues sería un tosco ejemplo de reivindicación soberana, ya que quedaría en  evidencia  que al decantarse por el hecho (Doctrina Estrada), y desechar el derecho  (Carta Democrática Interamericana), su objetivo real, no será otro que apuntalar gobiernos que distan del nuestro, por el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, como los supra aludidos.

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(*) Euclides E. Tapia C. Profesor Titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá

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El Pais de España

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