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La descentralización carcelaria o la república de los ?pranes?: conceptos básicos

View Comments En nuestra entrega del 29 de abril próximo pasado, advertimos sobre lo ingenuo de aplicar el mandato del artículo 272º constitucional.

De hecho, afirmamos que la hipotética descentralización carcelaria ya ha ocurrido, sólo que obedece a la dinámica impuesta por los hombres fuertes de los establecimientos penitenciarios: los ?pranes?. Tanto un reciente secuestro masivo en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) como un reporte de investigación de la periodista Natalia Matamoros (El Nacional), sobre el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), sirven para retomar nuestra reflexión en torno a tan compleja problemática. 1.- El mecanismo de la descentralización En sentido jurídico, la descentralización político-administrativa consiste en el otorgamiento de facultades desde la autoridad o gobierno central hacia niveles inferiores de gobierno.

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

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Cuando se descentraliza, se confiere distintos grados de autonomía a entidades político-territoriales que, pese a ser parte de una república, son consideradas con el potencial para prestar servicios públicos y resolver asuntos de gobierno en el ámbito regional o local.

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El principal argumento económico es mejorar la eficiencia en la asignación de recursos respecto a la provisión de bienes y servicios.

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Se supone que los niveles inferiores de gobierno serían más eficientes en la prestación de ciertos servicios públicos y el gobierno nacional, en el manejo de las políticas fiscal y monetarias.

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No obstante, los servicios de salud, educación, educación, vivienda y desarrollo urbano, así como la recaudación tributaria, suelen ser materias concurrentes respecto a la república, estados y municipios, por lo cual el diseño de la descentralización debe garantizar que las entidades político-territoriales con menos recursos cuenten al menos con cierto nivel de prestación y no queden rezagadas en comparación con aquellas más pobladas y con mayor potencial económico.

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En otras palabras, aunque sea aconsejable descentralizar varias competencias, la república debe operar como la entidad promotora de la compensación interterritorial: incluso en el rincón más remoto y pobre del país, cada venezolano tiene derecho a contar con un mínimo de servicios; si su gobernación o alcaldía no puede proveerlo, debe actuar el Ejecutivo Nacional.

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2.- La autonomía política La primera autonomía que suele implicar una política descentralizadora es la facultad de elegir por voto directo a las autoridades regionales o locales.

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En teoría, cuando las autoridades son más próximas al electorado, debería mejorar la eficiencia en la prestación de servicios, porque las demandas ciudadanas serían canalizadas de manera expedita.

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Pensando en cada una de nuestras cárceles, el ?pran? ejerce un cargo relativamente consensual; el liderazgo surge del ?prestigio? que infunde su temida reputación.

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Como caudillo indiscutible a partir de su prontuario delictivo, el ?pran? es impío con sus rivales y los traidores, mientras protege a quienes le apoyan o se someten a su custodia, dentro y fuera de la penitenciaría, inclusive en el ámbito territorial de un(os) alcalde(s) o gobernador.

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3.- La autonomía normativa Cuando se habla de un Estado federal, los gobiernos regionales y locales tienen la facultad de legislar sus propias normas.

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En Venezuela, no obstante, los consejos legislativos son casi accesorios y, relativamente, los concejos municipales tienen mayor ámbito normativo a través de sus ordenanzas.

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Por el contrario, el ?pran? es un dictador. En su ?idioma?, impone sus reglas y aplica la ?ley marcial?: cualquier desviación es penada con la muerte.

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Según el móvil, el sicariato denota diversos grados de ensañamiento: número de victimarios y disparos, tortura previa, descuartizamiento y quema de miembros.

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3.- La autonomía fiscal La teoría privilegia la capacidad de generar ingresos propios, además de establecer prioridades de gasto.

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Sin embargo, rubros como las minas o los peajes fueron despojados a los gobiernos regionales. No ocurre así dentro de las cárceles. Si hace más de 20 años los reclusos aprendían oficios y elaboraban artículos de artesanía para financiarse, ahora cada penitenciaría constituye un mercado de bienes y servicios.

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A lo interno, se cobra una ?causa? por reo, es decir, una matrícula por derecho a protección y acceso a servicios internos; también se revende artículos de la cesta básica y se organiza espectáculos públicos.

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A lo externo, se cobra ?vacuna?, es decir, se extorsiona a comerciantes so pena de ser atracados con frecuencia; la ?vacuna? implica protección personal, familiar y patrimonial.

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Por otra parte, el secuestro, el sicariato, la prostitución, el tráfico de armas y de drogas diversifican las fuentes de ingreso.

3.1.- Movilidad de bases tributarias Si en la modelación económica dos o más ciudades compiten, ofreciendo mejores servicios a ciudadanos y empresas, para captar más contribuyentes; la lógica del ?pran? ?cual capitalista salvaje- es la de atraer más reclusos a las ya hacinadas instalaciones.

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Mientras haya más ?causas?, habrá más dinero. Asimismo, cada recluso cuenta con un núcleo familiar, aumentando la demanda agregada de los comercios que arriendan su espacio en la cárcel.

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Ello explica las razones del secuestro masivo en la PGV, pues el ?pran? quería asegurarse 3000 reclusos más.

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De manera similar, los sucesos en el penal de Alayón y los saqueos en Villa de Cura motivaron el desplazamiento de otras tantas ?causas? a Tocorón, la cárcel más sobrepoblada de América Latina.

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Por algo la PGV, Tocorón y Tocuyito destacan como los centros de reclusión donde el ?nuevo régimen penitenciario? es inaplicable y la ?Ley que regula el uso de la telefonía celular y la Internet en el interior de los establecimientos penitenciarios? es letra muerta.

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4.- Externalidades: La cárcel como un bien-mal público puro La existencia de las penitenciarías es argumentada por la necesidad de confinar a ciertos individuos considerados amenazas para la sociedad.

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Se busca la disuasión de la conducta criminal, así como la rehabilitación del reo y su posterior reinserción social.

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Empero, para que esto supere la utopía, debe cumplirse varias condiciones, tales como: clasificación de la población reclusa por delito y grado de peligrosidad, instalaciones adecuadas y seguras, personal calificado y celeridad procesal.

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Cuando el sistema penitenciario contribuye a disminuir la incidencia delictiva, podría afirmarse que el beneficio es para la sociedad en su conjunto; por tanto, sería visto como un bien público puro, pues dicho sistema aislaría las posibles amenazas no sólo para los ciudadanos de hoy sino para los de mañana sin generar costos adicionales.

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Por el contrario, si el sistema penitenciario ejemplifica la organización de redes delictivas, sería equivalente a un mal público puro, pues ?gratuitamente? perjudicaría y amenazaría a cada venezolano que nazca.

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En su sano juicio, nadie querría vivir cerca de una cárcel, pues la propiedad del suelo se deprecia; no obstante, en Tocorón, como advertía un reportaje de la Unidad de Investigación Runrunes (7 de agosto de 2015) ?el riesgo es que te quieras quedar?, ya que la economía del pueblo depende de la penitenciaría.

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Eso es el potencial contradictorio de una descentralización a rajatabla.

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El Pais de España

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